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Derecho a no creer y derechos humanos

Introducción

En la sociedad actual el tema de la religión y la laicidad se encuentra en el centro del debate. En este artículo queremos abordar un aspecto relevante que es el derecho a no creer y su relación con los derechos humanos. En general, el respeto a la libertad de conciencia y de religión son dos valores fundamentales que deben ser garantizados en todo Estado de derecho. Pues, la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión son valores universales que deben ser respetados y promovidos. En esta misma línea, también se encuentra el derecho a no creer, el cual debe ser considerado y respetado en igual medida que el derecho a creer. En este sentido, es necesario reflexionar sobre qué significa el derecho a no creer y cómo se encuentra protegido a nivel nacional e internacional.

¿Qué es el derecho a no creer?

El derecho a no creer es una extensión del derecho a la libertad de conciencia, ya que implica el derecho de una persona a no tener ninguna creencia religiosa o a renunciar a ella. Este derecho está incluido dentro del marco de los derechos humanos y su protección se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en el artículo 18. En dicho artículo se reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, tanto en lo individual como en lo colectivo. Este derecho también está protegido en la Convención Europea de Derechos Humanos en su artículo 9, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Constitución española. Sería un grave error confundir el derecho a no creer con el ateísmo. Si bien es cierto que comúnmente se asocia a estas dos ideas, es importante destacar que el derecho a no creer no implica una negación de la existencia de Dios o de alguna otra divinidad, sino una libertad de elección personal.

Laicidad y derechos humanos

La laicidad es un principio fundamental en el Estado de derecho, pues implica la separación de la iglesia y el Estado, garantiza la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas ante la ley y permite una convivencia pacífica entre todas las creencias religiosas y no religiosas. En este sentido, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la libertad de conciencia y protegerla frente a cualquier tipo de discriminación. El Estado laico debe ser neutral en cuestiones religiosas y respaldar tanto el derecho a creer como a no creer. De esta forma, se evita la imposición de una religión en particular y se fomenta la tolerancia y el respeto hacia todas las creencias. El laicismo no solo implica la libertad de religión, sino también la libertad de pensamiento y la libertad de no creer. Por esta razón, el Estado debe ser garante de estos derechos y velar por su protección.

La discriminación hacia los no creyentes

A pesar de que el derecho a no creer está protegido en la mayoría de las constituciones y normativas internacionales, en muchos países los no creyentes son víctimas de discriminación o exclusión. La falta de respeto por sus opiniones, la marginación en el ámbito laboral o la exclusión social son algunas de las formas de discriminación que aún hoy en día se encuentran presentes. Por esta razón, es necesario que se fomente la promoción y protección del derecho a no creer. El Estado, la sociedad civil y todas las instituciones tienen la responsabilidad de fomentar el respeto a la libertad de conciencia y a promover medidas que luchen contra la discriminación hacia los no creyentes.

La educación y el derecho a no creer

La educación es un elemento clave en la promoción del derecho a no creer y se encuentra íntimamente relacionada con la laicidad. Desde la escuela se debe fomentar el respeto a todas las creencias, así como a la libertad de elección personal. En este sentido, es importante ofrecer una educación laica que fomente la tolerancia y el respeto, y que permita a los niños y niñas formarse una opinión propia, crítica y responsable sobre las cuestiones religiosas y no religiosas. En definitiva, el derecho a no creer es un valor fundamental que debe ser protegido para garantizar una sociedad democrática y plural. La laicidad del Estado es un factor determinante para alcanzar este objetivo. Es responsabilidad de todos hacer frente a cualquier forma de discriminación hacia los no creyentes y fomentar el respeto y la tolerancia hacia todas las creencias religiosas y no religiosas.

Conclusiones

El derecho a no creer es un derecho humano que debe ser protegido y promovido en todo el mundo. Es responsabilidad del Estado y de la sociedad civil fomentar la laicidad y la tolerancia religiosa para garantizar la igualdad y el respeto a todas las creencias. La educación es un elemento clave en la promoción del derecho a no creer y debe ser laica para fomentar la formación de una opinión propia, crítica y responsable. En definitiva, la protección del derecho a no creer es fundamental para garantizar una sociedad democrática, plural y respetuosa con todas las personas.